Dentro del Convenio de Basilea también considera el problema de la importación y exportación de basura electrónica.
Profepa tiene pocos reportes públicos sobre cargamentos ilegales. En 2017 informó sobre casos detectados en Veracruz y Colima.
En el primero aseguró un contenedor de la empresa SCRAPEX S.A. de C.V. con 15 mil 745 kilogramos de desechos electrónicos que pretendían ser enviados de manera ilegal a la República de Panamá.
Mientras que en el segundo caso, detectó un cargamento ilegal de desechos electrónicos en el Puerto de Manzanillo, consistentes en módems, celulares inservibles, así como tarjetas electrónicas proveniente de Corea del Sur con destino a Miami, Estados Unidos.
Miguel Rivas consideró que los residuos electrónicos son una oportunidad para llevarlos a un esquema de economía circular.
Sin embargo, el actual modelo es de consumo, las cosas se compran, se usan un tiempo y al descomponerse hay que comprarlas nuevas, no hay espacio para la reparación como en el pasado.
“Hay metales que se pueden aprovechar, pero también hay metales pesados y se exporta contaminación a países más pobres donde los más afectados son las poblaciones con menos recursos”, indicó el especialista.
Por lo anterior reiteró que la solución no debe ser un ‘eterno ciclo’ de reciclaje. “La solución tiene que ser reducir los residuos desde que se originan y en el caso particular de los plásticos hay que eliminarlos y buscar estrategias que eviten que el consumidor final se lleven un montón de basura cada vez que van de compras al supermercado”.
