En una audiencia de apelación a la prisión preventiva justificada en su contra, realizada en el Reclusorio Norte, la extitular de Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, cuestionó si es el ‘trofeo’ del supuesto combate anticorrupción del actual Gobierno federal.
Ante la magistrada, Rosario Robles leyó una carta de siete cuartillas en la que dijo: “Yo no quiero huir, yo quiero enfrentar este proceso, porque soy inocente, no quiero privilegios, solo quiero juego limpio y un debido proceso”.
También dijo que a ella “se le está juzgando, no por el hecho que se le atribuye si no por representar parte del equipo del gobierno anterior y que los que hoy nos gobiernan le guardan rencor y resentimiento, y han utilizado al juez como instrumento para su venganza”.
Rosario Robles argumentó su inocencia, y reiteró que la principal prueba que existe en su contra es una licencia de conducir falsa, que no le pertenece y agregó que la prisión preventiva que le impuso el Juez Delgadillo Padierna violentaba sus derechos humanos y su presunción de inocencia.
Al término de la audiencia el abogado Julio Hernandez explicó que la magistrada cuenta con 3 días hábiles para determinar si modifica o no la resolución del juez Delgadillo Padierna.
Julio Hernández, abogado, dijo: “Está es la audiencia que tiene que ver, precisamente con la aclaración de los agravios que presentamos, es una audiencia donde expusimos de manera clara las inconsistencias de la resolución del juez, vendrá una resolución de la magistrada del Tercer Tribunal Unitario, esperamos que se cambie la medida cautelar”.
Afuera del Reclusorio estuvieron los familiares de Rosario Robles.
El pasado 10 de diciembre, la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, compareció este martes por escrito en juicio político y demandó el sobreseimiento de dicho procedimiento, debido a que contiene inconsistencias e irregularidades.
La defensa de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer que se presentó en tiempo y forma ante la Sección Instructora de Juicio Político de la Cámara de Diputados la contestación al citatorio para comparecer ante dicha instancia legislativa; y que se solicitó la suspensión del procedimiento por estar “plagado de inconsistencias, irregularidades y violaciones procesales.
Los abogados Epigmenio Mendieta, Julio Hernández Barros y Javier Sánchez Rojas expresaron su rechazo “al escarnio y a la sistemática violación de Derechos Humanos de la cual está siendo víctima la exservidora pública, quien se encuentra en prisión preventiva, acusada de ejercicio indebido del servicio público.
Los litigantes informaron que ante los diputados solicitaron el sobreseimiento del procedimiento de juicio político, “derivado de la notoria y manifiesta improcedencia, debido a que, en principio, violan su derecho humano de presunción de inocencia, reconocido por la Constitución y diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por México.
Advirtieron que en caso de que los diputados insistan en continuar con el juicio político, aún a sabiendas de que lesionan de manera irreparable los derechos humanos de Robles Berlanga, “también incurren en una responsabilidad tanto jurídica como política, la cual se hará valer en el momento procesal oportuno y ante las instancias nacionales e internacionales competentes.
Ello, aunado a la responsabilidad patrimonial en la que pudiera incurrir el Estado Mexicano, pues señalaron que con el juicio político iniciado, se violenta el derecho humano de certeza y seguridad jurídica por carecer de materia y de objeto, pues “resulta materialmente imposible la destitución de la enjuiciada.
Sobre este punto, enfatizaron que en este momento, Rosario Robles Berlanga no desempeña ningún cargo público, además, de que ya fue “injusta y arbitrariamente inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública.
Entre las irregularidades que señalaron, es que la Comisión de Puntos Constitucionales nunca fue convocada a la instalación de la subcomisión de examen previo, “lo que implica una transgresión al segundo párrafo del Artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 3 fracción IV y 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, “dando como resultado la nulidad de la respectiva sesión.
