El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado esta mañana a los presidentes autonómicos su voluntad de prorrogar otros 15 días el estado de alarma que entró en vigor el domingo pasado y que expira dentro de una semana. Es decir, que seguirá al menos hasta mediados de abril, en concreto hasta el día 11.
Lo que hace Sánchez es buscar el paraguas legal que le permita afrontar una crisis sin precedentes con las medidas de confinamiento «más restrictivas de Europa y del mundo», como él mismo asegura. Se trata de un escenario de máximos. Es decir, que si todo va a peor puede prorrogarse otros 15 días y en caso de que todo vaya mejor de los esperado, poco probable, el estado de alarma podría levantarse en cualquier momento. No hace falta agotar el plazo.
La decisión debe ser avalada por el Congreso de los Diputados, que debe reunirse de forma extraordinaria para aprobar la prórroga. Será un mero trámite ya que el principal partido de la oposición, el PP, ya anunció que sus votos están al servicio de lo que el Gobierno necesite a la hora de gestionar este estado de excepcionalidad.
El presidente del Gobierno ha vuelto a comparecer esta tarde ante el país para anunciar la prorroga del estado de alarma y dar a conocer otro paquete de medidas, que enumeramos a continuación:
– Disponer que todas las comunidades autónomas se hagan cargo de las residencias de mayores privadas.
– Aplicar restricciones generalizadas a los viajes por un mes.
– Las Fuerzas Armadas ampliarán sus actuaciones en el traslado de enfermos, protegiendo infraestructuras críticas, y apoyando el transporte de material sanitario y las conexiones con las islas.
– Establecer un servicio de reparto de alimentos a domicilio a personas de grupos de riesgo.
– Establecer una reserva estratégica de productos sanitarios.
Buscando el pico
Entretanto sigue la alarma, continúa el confinamiento. No cabía otra opción, sobre todo después de que el propio presidente, el sábado por la noche, advirtiese a la población de que «la ola más dura y más dañina» aún está por llegar y que «debemos estar fuertes» para afrontar lo peor de la crisis a finales de la semana que viene.
La duda es saber si a medida que pasan los días se adoptan medidas aún más duras para romper la cadena de contagios. A tenor de lo dicho el sábado por la noche, donde el presidente hizo una defensa a ultranza de su plan de choque, no se espera que se anuncien a corto plazo, pero todo dependerá de la cascada de infectados y muertos que vaya provocando la pandemia de coronavirus. La línea de puntos sigue llevando a Italia y allí, donde tomo comenzó dos semanas antes que en España, el drama sigue creciendo día tras día.
«La ola más dura y más dañina aún está por llegar»PEDRO SÁNCHEZ
Al margen de los efectos psicológicos que pueda tener sobre la población, limitarse a pedir, por el momento, un plazo extra de quince días y no de un mes o más tiempo implica también la disposición del Gobierno a rendir cuentas de sus actuaciones ante el legislativo con esa periodicidad. Un gesto a tener en cuenta dado que el estado de alarma permite poner bajo sus órdenes a todas las autoridades civiles de cualquier nivel de la Administración Pública, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores que estén al servicio de estas.
El Gobierno se ha esforzado en los últimos días en asegurar que en ningún momento ha pretendido imponer nada sino trabajar de manera coordinada con las comunidades autónomas y las entidades locales. El pasado domingo, en una primera videoconferencia con los presidentes autonómicos, Sánchez logró un cierre de filas del que sólo se sustrajo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pero a lo largo de esta semana se han producido algunas tensiones con las comunidades, fundamentalmente las gobernadas por el PP, a cuenta del abastecimiento y distribución de mascarillas y otro tipo de material de protección.
En el encuentro de hoy, el Ejecutivo trata de limar asperezas. En él no solo participa Sánchez. También se encuentran con él los cuatro ministros a los que en esta crisis se ha concedido un papel primordial: el de Sanidad, Salvador Illa; la de Defensa, Margarita Robles; el del Interior, Fernando Grande-Marlaksa y el de Transportes, José Luis Ábalos.
