Una enfermera aseguró que un centro de detención realizó histerectomías cuestionables y se negó a hacer pruebas de COVID-19 a los migrantes.
Líderes demócratas en el Congreso de Estados Unidos se enfurecieron, el martes 15 de septiembre, ante la denuncia de una enfermera, quien aseguró que a los inmigrantes retenidos en un centro de detención de Georgia se les están practicando histerectomías cuestionables.
En una queja presentada el lunes, la enfermera aseguró que el Centro de Detención del condado Irwin realizó histerectomías cuestionables, se negó a hacer pruebas de COVID-19 a los detenidos y destruyó documentos médicos.
Los abogados de la enfermera, Dawn Wooten, se rehusaron a difundir la declaración completa que presentó ante el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. Se negó a responder preguntas después de leer un comunicado en el que no hizo referencia a histerectomías masivas ni indicó cuántos procedimientos se les practicaron a las inmigrantes dentro de las instalaciones. El doctor no fue identificado dentro de la denuncia.
Wooten trabajaba de tiempo completo como auxiliar de enfermería en la cárcel migratoria hasta julio, cuando fue degradada.
Los demócratas no tardaron en sumarse a las acusaciones después de que en los últimos tres años han estado condenando el trato que brinda el gobierno del presidente Donald Trump a los inmigrantes, incluyendo la separación de familias y la detención de niños en condiciones escuálidas en la frontera.
“De ser ciertas, las deplorables condiciones que se describen en la queja de la denunciante , incluyendo las acusaciones de que se les están practicando histerectomías masivas a mujeres inmigrantes vulnerables, serían un abuso impactante de los derechos humanos”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado.
El representante federal Bennie Thompson, demócrata que preside la Comisión de Seguridad Nacional de la cámara baja, dijo que el panel realiza una investigación sobre las condiciones en las instalaciones contratadas por el ICE “y examinará estas acusaciones nuevas e increíblemente graves”.
Wooten dijo no saber si las mujeres accedieron conscientemente a que se les realizara el procedimiento. Dijo que las enfermeras expresaron inquietudes acerca del doctor.
“Toda la gente a la que ve tiene una histerectomía; prácticamente todo el mundo”, dijo Wooten. “Incluso le extirpó el ovario equivocado a una joven”.
El centro en Ocilla, a unos 320 kilómetros al sur de Atlanta, alberga a hombres y mujeres detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), al igual que presos para el Servicio Federal de Alguaciles y el condado Irwin. LaSalle Corrections, una compañía de Luisiana, administra las instalaciones.
El ICE dijo que no hacía comentarios sobre cuestiones planteadas al inspector general, pero que toma las acusaciones con seriedad.
“Dicho eso, en general, las acusaciones anónimas sin pruebas, hechas sin ningún detalle específico comprobable, deben tomarse con el escepticismo apropiado que merecen”, indicó la agencia en un comunicado.
Wooten no habló mucho sobre la acusación de histerectomías durante la conferencia de prensa, y en su lugar se enfocó en sus preocupaciones de que el centro no le está realizando pruebas de diagnóstico de COVID-19 a los internos, que no está siendo sanitizado, y que hay poco equipo de protección personal disponible para los empleados.
Aunque la queja de 27 páginas presentada por el grupo activista Project South recoge amplios testimonios de detenidos no identificados, también incluye declaraciones detalladas de Wooten. En el documento se afirma que fue degradada tras faltar al trabajo por síntomas de coronavirus, algo que ella considera fue en represalia por cuestionar cómo se estaba gestionando el COVID-19 en el centro.
“Sé que me degradaron porque hice preguntas acerca del porqué. Me dijeron que no dijera a los funcionarios que había detenidos con los que lidiaban a diario y que habían dado positivo”, dijo Wooten.
Wooten dijo que el número de detenidos infectados era mucho mayor al reportado porque no se realizaban pruebas y no todos los casos se reportaban. El New York Times reportó en junio que los internos del lugar habían realizado protestas debido a que les preocupaba la deficiente protección existente contra el COVID-19.
Según se le cita, Wooten dijo que en ocasiones las enfermeras encargadas de dar seguimiento a enfermos mentían diciendo que habían visto en persona a los detenidos cuando no lo habían hecho, y que había visto a una enfermera triturar una caja llena de quejas por escrito de los detenidos sin leerlas. Las enfermeras ignoraban a los detenidos que reportaban síntomas de coronavirus, añadió.
“Si los internos decían tener fiebre, las enfermeras les daban un medicamento para el resfriado que no requiere receta durante siete días sin hacerles la prueba de COVID-19”, dijo.
Wooten dijo que el centro había rechazado utilizar dos máquinas de pruebas rápidas de COVID-19, adquiridas por el ICE por 14 mil dólares cada una. No se enseñó al personal médico a utilizarlas, y ella dijo haberlas visto en uso una sola vez.
