TFJA ratifica sanción contra exdirector de Pemex Fertilizantes

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Los magistrados acordaron también crear tesis jurisdiccionales para analizar los casos en donde las dependencias públicas deciden crear terceras empresas, incluso, a nivel internacional para vigilar el uso de los recursos públicos.

Por mayoría de votos, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificaron la inhabilitación de 15 años para ocupar un cargo público contra Edgar Torres Garrido, exdirector de Pemex Fertilizantes, y también confirmaron el pago de una multa de más de 619 millones de pesos, que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La magistrada ponente, Elizabeth Urby explicó que en el 2015, Edgar Torres impugnó la sanción que se le impuso, luego de que el órgano interno de control de Pemex, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, descubrió que el exfuncionario participó en una operación financiera para la compra de acciones de Grupo Fertinal, a través de una empresa que se creó para tal fin, sin que notificara al Consejo de Administración de Pemex.

“La autoridad demandada determinó como conducta del C. Edgar Torres Garrido, en su carácter de director general de Pemex Fertilizantes, debió descontar del precio inicial de la compra de acciones de Grupo Fertinal SA de CV, la cantidad de 619 millones 400 mil pesos por concepto de pago de dividendos de manera directa y no a través del financiamiento de esas y otras deudas que tenía Fertinal, en ningún momento lo informó al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos”, explicó Nora Elizabeth Urby Genel, magistrada del TFJA.

La magistrada Elizabeth Urby explicó que a raíz de una investigación que se inició en el 2017, la autoridad supervisora detectó que Edgar Torres Garrido, en su carácter de director general de Pemex Fertilizantes, incumplió con su responsabilidad como servidor público.

Se concluye que es legal la resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública, en la cual se le impone al ciudadano Edgar Torres Garrido una sanción económica por la cantidad de 619 millones 500 mil pesos y se le destituye e inhabilita como servidor público, por el periodo de 15 años”, destacó Nora Elizabeth Urby Genel, magistrada del TFJA.

Como resultado de la votación, los magistrados acordaron también crear tesis jurisdiccionales para analizar los casos en donde las dependencias públicas deciden crear terceras empresas, incluso, a nivel internacional para vigilar el uso de los recursos públicos.

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