La Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza el caso de una mujer salvadoreña condenada a 30 años de prisión por aborto.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzó este miércoles una audiencia de dos días en la que por primera vez aborda el tema de la criminalización del aborto, específicamente el caso de “Manuela”, una mujer que sufrió un parto extrahospitalario y que fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado por aborto en El Salvador.
La demanda responsabiliza al Estado salvadoreño por violaciones a los derechos a no ser privada de libertad arbitrariamente, a la presunción de inocencia, a la protección judicial, al de defensa, al de recurrir el fallo, al de la salud, al de la vida privada, al de la vida, al principio de igualdad y al de no discriminación.
El obstetra especialista en embarazos de alto riesgo Guillermo Ortiz, en calidad de perito propuesto por la representación de la víctima, afirmó en la audiencia ante la CorteIDH que según la historia clínica del caso, Manuela presentaba un embarazo de “alto riesgo” y que sufrió “un parto extrahospitalario intempestivo” el 28 de febrero de 2008.
Ortiz dijo que al llegar al hospital, la mujer padecía una hemorragia postparto ocasionada por placenta retenida, un desgarro del canal del parto y una preeclampsia o hipertensión causada por el embarazo, y que además Manuela padecía un cáncer linfático detectado un año atrás que volvía su embarazo aún de más riesgo.
El médico aseguró que “estamos ante un caso de complicación severa de un embarazo de alto riesgo” y que la mujer recibió una atención médica “deficiente”.
El perito enfatizó en que desde un principio los médicos abordaron la situación como un aborto cuando había factores que eran incompatibles con ese término, como por ejemplo, la preeclampsia.
Según Ortiz, una reforma al Código Penal de El Salvador aprobada en 1998 penalizó el aborto y obligó a los médicos a denunciar ante las autoridades judiciales casos sospechosos de aborto e incluso a interrogar a las pacientes sobre asuntos que se separan del tema médico.
Esto, dijo Ortiz, viola el secreto profesional de los médicos y les genera una presión por denunciar, y a las mujeres les creó un temor de acudir a los centros de salud en casos de emergencias obstétricas, pues podían ser acusadas de aborto y esposadas a la cama del hospital.
