Ayer, 10 de abril, un laudo determinó que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y Napoleón Gómez Urrutia, entonces dirigente, deberán pagar los 54 millones de dólares desviados mediante un fideicomiso por la venta de Mexicana de Cananea hace 15 años, reveló Proceso.
La sentencia apunta que, en caso que el Sindicato no pague, el actual senador morenista deberá liquidar la condena (equivalente a poco más de mil 88 millones de pesos mexicanos) de su propio bolsillo, pues él es señalado como el responsable solidario del acto.
De acuerdo con el semanario mexicano, este resolutivo se trata de un megalaudo ya que, en una sola decisión se solucionaron 19 juicios: 11 iniciados en 2005; seis en 2006, y dos en 2007.
En todos estos, detalla, se exime del pago a las empresas mineras relacionadas con el caso, entre las que se encuentran Grupo México – y a sus subsidiarias, así como a Scotia Bank Inverlat-Grupo Financiero Scotia Bank Inverlat.
Esto debido a que dichas compañías acreditaron que habían cumplido con la entrega del dinero al SNTMMSRM a través del Fideicomiso 10964526 (antes 9645), sin embargo, el sindicato no entregó la participación correspondiente a los trabajadores.
Respecto a este punto, los empleados habrían recibido 80 mil pesos de este fideicomiso, sin embargo reclamaron que el monto acordado era mayor.
Por ello, en uno de los puntos, la Junta solicitó la publicación de las listas de beneficiarios con las que el Sindicato habría estipulado la cantidad acordada y, de haber diferencia, se pague a los hoy extrabajadores demandantes.
Arturo Rodríguez García, autor de la nota, detalló que el juicio 498/2005 es el que directamente condena como responsable solidario a Gómez Urrutia, aunque esta sentencia favorece sólo a 10 trabajadores demandantes.
No obstante, explicó, el resolutivo octavo establece que “cualquier trabajador que considere ser parte de la base de trabajadores con derecho a reclamar pago, debe apersonarse en el incidente de liquidación, de manera que deberá ser reconocida la calidad de beneficiario por la Junta.”
Napoleón Gómez Urrutia llegó en 2002 a la presidencia y secretaría general del SNTMMSRM, una agrupación la cual su padre, Napoleón Gómez Sada, también encabezó.
Tres años después, el 3 de marzo del 2005, el sindicato habría recibido 54 millones 84 mil 870 dólares mediante el llamado “fideicomiso 10964526”, el cual debía repartirse a los trabajadores como parte de la compra-venta.
Sin embargo, esto no se realizó (o no de la manera en que había sido acordada), por lo que se interpusieron dos demandas que se anexaron al archivo de casos en contra del líder sindical.
Entre esos se encontraba la disputa por la sucesión de la dirigencia, en la cual Elías Morales, quien encabezaba una facción del gremio, obtuvo un laudo favorable después controvertir la dirigencia de Napoleón, por lo que el gobierno federal se negó a entregarle la toma de nota.
Para el 17 de febrero del 2006, esta agrupación tomaría las instalaciones del SNTMMSRM y expulsaría al grupo de apoyo de Gómez Urrutia, sin embargo, el 19 de febrero, ocurriría un siniestro que conmovería a todo país: La explosión de la mina de Pasta de Conchos, en la cual quedaron atrapados 65 trabajadores.
Un día después, Gómez Urrutia llegaría al lugar de los hechos para brindar una conferencia de prensa en la que, entre otros asuntos, denunció a Grupo México, en complicidad con el gobierno Vicente Fox, de orquestar una persecusión política en su contra, de removerlo de la dirigencia sindical y de cometer “homicidio industrial” por el incidente ocurrido en la mina que la empresa operaba.
Esa misma semana, ya se habían liberado órdenes de aprehensión por el despilfarro de los 54 a 55 millones de dólares, sin embargo, el 23 de febrero, Napoleón fue visto por última ocasión en público antes de salir del país.
Su reaparición fue hasta el 2018 cuando Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente López Obrador, lo incluyó en su lista de senadores, obteniendo el escaño y, con ello, el fuero constitucional. Para esa fecha, se supo que el funcionario se encontraba en Vancouver, Canadá en calidad de refugiado político.
