El pago de reparación psicológica y moral, alcanzaría hasta un millón de pesos
A dos años y medio de dictarse una sentencia para que la Secretaría de Educación (Sedu) reparara el daño moral de un menor que tuvo intenciones suicidas al ser víctima de ‘bullying’ por maestras de una primaria en Saltillo, es fecha que la dependencia no ha respondido, por lo que no ha habido una reparación de daños.
Fue el pasado mes de diciembre del año 2018 que Brenda Zavala de la Peña, madre del menor de nombre Arturo, informó que en el periodo 2013-2014, cinco trabajadoras de una primaria en Saltillo incurrieron en estos actos en contra de su hijo cuando este tenía seis años de edad. No obstante, fue hasta cinco años después que un juez civil de Coahuila resolvió una sentencia contra la profesora Mayela Rodríguez Monjarás para reparación del daño moral, afectación física y atención psicológica del menor, quien estudiaba el primer grado en la escuela Pablo L. Sidar.
En esa ocasión se dio a conocer que el pago de reparación psicológica y moral, alcanzaría hasta un millón de pesos, monto que tenía que ser solventado por el Gobierno estatal y la Secretaría de Educación.
Tras los hechos, el menor tuvo intenciones suicidas, así como presentó un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDH). Al momento Arturo cuenta con 14 años de edad y el objetivo de recibir la reparación del daño, es para apoyar mediante un centro a menores que sufrieran de los mismos actos.
No obstante, esto no se ha cristalizado, debido a que la Sedu apeló la sentencia.
Brenda Zavala de la Peña, quien también es abogada y presentó la denuncia, indicó que además existe un amparo que fue presentado para que el daño se repare por parte de las maestras y no del presupuesto de la dependencia.”No nos parecía justo que la gente pague, pues todos estamos pagando impuestos para pagar estas reparaciones que cometen los maestros y al final de cuentas, las señaladas están jubiladas o fueron ascendidas en otros puestos”, dijo.
Existe un amparo que fue presentado para que el daño se repare por parte de las maestras y no del presupuesto de la dependencia. “No nos parecía justo que la gente pague, pues todos estamos pagando impuestos para pagar estas reparaciones que cometen los maestros y al final de cuentas, las señaladas están jubiladas o fueron ascendidas en otros puestos”, dijo.
