La organización señala que el mecanismo de protección cuenta con 45 empleados para atender a mil 500 beneficiarios
Entre 2011 y 2020, al menos nueve reporteros fueron asesinados encontrándose bajo la protección del Estado mexicano, revela el informe “Bajo riesgo. Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina”.
El documento elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), en colaboración con la Unesco, señala que el Mecanismo Federal para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dispone de una capacidad operativa insuficiente para hacer frente al auge de las demandas de ayuda.
En números concretos, el mecanismo cuenta con 45 empleados para atender a cerca de mil 500 periodistas y activistas, lo que hace que reciban atención hasta un año después de haber solicitado protección. “Esta dotación insuficiente genera sobrecargas de trabajo y retrasos en la evaluación de riesgos”, indica el informe.
Agrega que el mecanismo no obliga a las autoridades locales y municipales a hacerse cargo de la protección de los comunicadores.
“A pesar de la existencia, desde 2017, de un Protocolo Nacional de Coordinación, sólo 12 de los 32 estados de México tienen una Unidad Estatal de Protección que trabaja coordinada con el mecanismo federal. La mayoría de estos estados carecen de recursos financieros y humanos suficientes, mientras que otros han preferido crear mecanismos autónomos”.
Otro de los aspectos que resalta en el diagnóstico es que los escoltas tienen escasa formación en cuestiones relativas a igualdad de género y sobre las especificidades de las regiones en las que laboran protegiendo a los reporteros adscritos al mecanismo.
Durante la presentación del informe ayer –que también hace un diagnóstico de los mecanismos de protección existentes en Brasil, Honduras y Colombia–, el director regional para América Latina de RSF, Emmanuel Colombié, mencionó que el nivel de impunidad de los crímenes contra periodistas en México se halla entre 90 y 99 por ciento, hecho que calificó como “escalofriante”.
Expresó que el reporte llega en un momento sombrío para la prensa latinoamericana, especialmente en México, Brasil, Honduras y Colombia, que con 134 homicidios de comunicadores entre 2012 y 2021 concentraron 90 por ciento de todas las muertes registradas por RSF en la región.
Esto sin mencionar los ocho asesinatos registrados en los primeros dos meses de este año, seis de ellos en territorio mexicano: los de Roberto Toledo, Heber López, Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa, Margarito Martínez y, el más reciente, Jorge Camero, asesinado el 24 de febrero en Sonora.
Colombié hizo hincapié en terminar con la impunidad de los asesinatos y garantizar la libertad de expresión.
Por su parte, Erik Martín Salas, director general de Vinculación y Reparaciones Colectivas de la Secretaría de Gobernación (Segob), aceptó que México es una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo sin encontrarse en medio de un conflicto armado.
El funcionario federal coincidió en que se debe “revisar la impunidad” de los asesinatos a periodistas, pero indicó que no es una impunidad que provenga de la Fiscalía General de la República (FGR), sino que “el problema está también en las fiscalías estatales”. Añadió que ahí “la impunidad (es) de casi 99 por ciento”.
A su vez, el oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Daniel Zapico, resaltó que el mecanismo “no es suficiente para frenar la muerte de periodistas en el contexto que se vive en México”.
Mencionó que, de 2019 a la fecha, han realizado 119 recomendaciones centradas en el mecanismo de protección y espera que con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reabrir el caso Digna Ochoa, las recomendaciones que hizo el organismo que representa comiencen a avanzar.
Entre las recomendaciones que propone el informe de RSF al mecanismo mexicano están repartir de mejor manera entre los niveles federal y local la responsabilidad de la protección de los periodistas, incorporar a representantes de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Protección que se pretende crear y aumentar considerablemente el presupuesto con el objetivo de contratar más personal y garantizar su formación continua.
Sobre las medidas de protección, sugiere que se adapten mejor tanto a peligros inminentes como a cambios en los riesgos imprevistos. También recomienda la adopción de un enfoque interseccional que tenga en cuenta las diferencias de género, etnia, raza y diversidad sexual de sus beneficiarios, así como a las especificidades de sus regiones de origen.
El mecanismo también tiene que mejorar su oferta de protección integral, reforzando las medidas de apoyo psicológico, jurídico, de autoprotección y seguridad digital.
