El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, se reunió representantes de siete universidades de la Región Sureste de Coahuila, para dar a conocer que estas instituciones educativas se sumarán en fecha próxima a la red de participación ciudadana.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Carlos Rangel, la consejera Yolanda Montes, coordinadora del proyecto, y el encargado del despacho de la Secretaría Técnica, Mauricio Contreras, se reunieron con los representantes de siete instituciones educativas de la región, que han manifestado su interés por seguir colaborando con el Sistema en el combate a la corrupción.
El presidente del CPC, Carlos Rangel, explicó la importancia de acrecentar esta red para seguir avanzando en la tarea de incluir a los ciudadanos en el Sistema Anticorrupción del Estado y escuchar de una manera activa a todos los ciudadanos a través de las asociaciones e instituciones de educación.
BUSCAN SUMAR A JÓVENES
Por su parte, Yolanda Montes, señaló la importancia de fortalecer la red para acercarse a toda la comunidad educativa del estado.
“Este es el principio de una relación efectiva de colaboración con todas estas instituciones y el inicio de proyectos de gran impacto que nos permitirá sumar a muchos jóvenes a la lucha anticorrupción”, agregó.
La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Ciudadano Anticorrupción, en la que se establecieron las bases para firmar pronto el convenio de colaboración en el que participarán maestros, estudiantes y personal administrativo de estas instituciones educativas.
| LAS UNIVERSIDADES QUE SE SUMARÁN A LA RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SON: |
|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) |
| Universidad Autónoma del Noreste (UANE) |
| Universidad del Valle de México (UVM) |
| Universidad Carolina |
| Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) |
| Universidad Vizcaya de las Américas |
| Universidad Iberoamericana campus Saltillo |
La Red tiene por objetivo ser un instrumento de participación que facilite el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos de interés público, al impulsar proyectos que permitan reforzar las acciones de combate y prevención de la corrupción.
