Desestima malos antecedentes de empresas sancionadas y soslaya responsabilidades ambientales
MÚZQUIZ, Coah.-A los antecedentes de violación de normas y malas prácticas mineras, en el listado de elegidas por la Comisión Federal de Electricidad para adjudicar los contratos de suministro de carbón se suma la falta de control sobre propiedad real de concesiones, así como la indiferencia para garantizar cuidado medioambiental y protección de los trabajadores, aspectos entregados a un “acuerdo de buena voluntad”.
Accidentes como el ocurrido de las cuevas de la empresa MICARÁN que costó la vida de 7 obreros en las cercanías del poblado de Rancherías, han demostrado que la labor en cuevas y pozos se realiza “al tanteo”, sin una planificación técnica ni equipos adecuados, lo que mantiene a los trabajadores en permanente riesgo.
CULPAN A LA STyPS
Así lo han corroborado sostenidas denuncias de organizaciones como el Centro Miguel Agustín PRO y Familia Pasta de Conchos, en el sentido de que la STyPS carece de personal, vehículos y hasta gasolina para realizar inspecciones a las pequeñas faenas desperdigadas en la región Carbonífera, en su mayoría en sitios de difícil acceso, y se centran en visitar solo a las de mayor tamaño y más infraestructura.
Un ejemplo es CARKIM Industrial, de la que en el Registro Público de la Propiedad aparece como dueños María del Carmen Delgadillo y Francisco Flores Armenta (también administrador único), y como gerente general Eduardo Rubén Morales Martínez.
Esa empresa, además de ser el conducto para entregar a la CFE el carbón extraído en los socavones de la siniestrada MICARÁN, operaba cuevas también en la zona de Rancherías, las que por la ausencia total de medidas y equipos de seguridad fueron en teoría paradas por la STyPS y sin embargo, continuaron operando hasta su abandono en el presente año.
Con posterioridad a ese accidente, en que los obreros y familiares criticaron la “presencia artística” de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, dos trabajadores fallecieron en un accidente cuando eran trasladados en un destartalado vehículo a las cuevas supuestamente paradas.
A CARKIM Industrial, que de acuerdo con empresarios de la zona no cuenta hoy con cuevas o pozos localizables, la CFE le preasignó un pedido trianual por 74 mil 100 toneladas de carbón.
“No se ve como puedan cumplir a menos que coyoteen a productores no favorecidos o hagan como los Flores, que con pedido y sin minas recurrieron a la compra de carbón de desecho de GAN, lamas pues, para entregarlas bajo arreglo a la CFE y simular el cumplimiento del contrato entregado a Tania y su hermano Tony para financiar la campaña municipal”, opinó el geólogo Manuel de Jesús Aguilar.
Similar es el caso de Grupo SACU, de Luis Alfonso Rodríguez Garza, que opera cuevas directamente o bajo prestanombre en la zona de Obayos, con las cuales en la pasada colocación sumó pedidos por más de 300 mil toneladas. De acuerdo con denuncias de trabajadores y evidencias fotográficas, laboraban en condiciones de total inseguridad e incluso debían adquirir por sí mismos equipos básicos como el casco minero.
Poco después del siniestro en Rancherías, en una de las cuevas resultó gravemente lesionado y paralizado por un desprendimiento el trabajador Juan Muñiz Calvillo. Para burlar la responsabilidad del accidente laboral ante el IMSS, fue trasladado y abandonado en una clínica particular.
Tras una inspección “a posteriori” de la STyPS, la cueva fue restringida, pero pese a ello siguió funcionando y a Luis Alfonso Rodríguez, de acuerdo con los listados publicados durante la semana por la CFE en su micrositio, le fue preasignado directamente un pedido por 91 mil 200 toneladas.
La suma de irregularidades que dan base a las sospechas generales de corrupción en las asignaciones directas de la CFE, que en opinión de empresarios locales superan con mucho las que cometía la estatal PRODEMI, tienen como perla la elusión de toda responsabilidad en el control del impacto ambiental de las precarias explotaciones durante y después de la operación.
