Continúa el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia Criminal de la PGR, que rechazó el criterio de oportunidad.
- El subsecretario Alejandro Encinas aclaró que las conclusiones preliminares que indican que no hay indicios de vida de los estudiantes.
- El funcionario federal afirmó que este caso fue un crimen de Estado.
El informe preliminar presentado este jueves 18 de agosto de 2022 en Palacio Nacional por Alejandro Encinas reveló que había un militar infiltrado en la Normal Rural de Ayotzinapa, y que, si se hubieran aplicado los protocolos obligados para encontrarlo, se hubiera eventualmente evitado la desaparición de los 43 jóvenes.
En reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, los padres de los 43 normalistas desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre del 2014 escucharon que hasta el momento no hay indicios que revelen que los jóvenes estén vivos, según los testimonios y evidencias recabadas a la fecha.
“Es un momento doloroso”, señaló en conferencia de prensa el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.
“Fue una reunión difícil, dolorosa, la relación con los padres fue de mucho respeto, fue mucha carga de dolor y de verdad, y respetamos mucho a los padres de familia. No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, explicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.
En la reunión con los padres, en la que estuvieron también el fiscal General de la República, el fiscal especial del caso, cuatro integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, GIEI, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, así como los secretarios de Marina, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, se les presentó a los padres de los jóvenes el informe de avances de las investigaciones.
Se aclaró que continúa el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia Criminal de la PGR, que éste rechazó el criterio de oportunidad que le permitiría, a cambio de aportar información fidedigna y útil para el caso, contar con beneficios de ley, y que se continua en contacto con sus abogados.
El funcionario federal afirmó que este caso fue un crimen de Estado y que los 43 estudiantes no estuvieron juntos en el momento de su desaparición.
“Queremos subrayar en preliminares, porque aquí no se cierra ninguna investigación. Primera: que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. En ningún momento estuvieron los estudiantes juntos, desde el momento en que separan a la salida de la terminal de autobuses de Iguala, y estamos hablando de que operaron células, 6 grupos, tres células, y un mando central en la tarea de desaparición en donde fueron trasladados a distintos puntos, a las 2:45 horas del 26 septiembre se dio la orden de desaparecer a los estudiantes”, agregó Alejandro Encinas.
El subsecretario Alejandro Encinas aclaró que las conclusiones preliminares que indican que no hay indicios de vida de los estudiantes y no se parecen en nada a la llamada “verdad histórica” que se manejó en su momento.
“No hay ningún parecido, la verdad histórica dice que incineraron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, nosotros hemos señalado que intervinieron varios grupos y los dispersaron, y hubo distintas formas de intervención en las agresiones contra los estudiantes, yo no veo ningún punto de coincidencia en ello, no hay ningún indicio de vida, y eso no es coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad, existen elementos suficientes para que la fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que está llevándose a cabo las diligencias judiciales correspondientes”, comentó.
En este momento también se abrió al público la investigación.
“No vamos a solapar ningún abuso, violación a los derechos humanos, ni injusticia alguna, todos los responsables deberán que ser castigados”, concluyó.
