La iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional, que proponía eliminar la prisión preventiva oficiosa, solo obtuvo 6 votos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la propuesta de reforma que planteaba que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa deje de aplicarse de manera automática al tratarse de delitos graves.
Por mayoría de ocho votos, el pleno de la Suprema Corte avaló la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales para invalidar la reforma que incluyó tres delitos fiscales que ameritan la aplicación de la prisión preventiva oficiosa: defraudación fiscal, facturación falsa y contrabando.
No obstante, la interpretación del artículo 19 constitucional, que proponía eliminar la prisión preventiva oficiosa solo obtuvo 6 votos, por lo que se resolvió que dicha medida cautelar seguirá vigente en los siguientes casos que se contempla en la ley.
Al respecto, la Ministra Margarita Ríos Farjat sostuvo que la prisión preventiva oficiosa es una medida esencialmente punitiva, antes que una medida cautelar. No obstante, resaltó la conveniencia de reparar en las implicaciones prácticas del proyecto ya que a su juicio, aun teniéndose una buena intención, la sentencia podría generar múltiples inconvenientes prácticos, tales como la saturación que se producirá en los tribunales, solicitando la revisión de las medidas ya decretadas.
Por su parte, el Ministro presidente Arturo Zaldivar sostuvo que “hay restricciones a los derechos humanos que son constitucionales y convencionales. Sin embargo, cuando una restricción vacía de contenido al núcleo esencial del derecho humano en cuestión es necesario realizar un ejercicio interpretativo a partir del artículo primero y del bloque de constitucionalidad”.
La Ministra Loretta Ortiz Ahlf sostuvo que, aunque le parece inconvencional la prisión preventiva, lo cierto es que la SCJN no puede interpretar en contra de la previsión expresa del texto constitucional.
La prisión preventiva oficiosa es una medida que genera polémica, ya que mientras algunos aseguran que es necesaria para combatir el crimen y la impunidad, otros consideran que atenta contra los derechos humanos.
