Migrar es pagar, aunque no siempre sea a un traficante. Y los migrantes lo descubren al llegar al principal punto de entrada en el sur de México, la ciudad de Tapachula, donde no hay trabajo ni oportunidades, pero sí miles de extranjeros ansiosos por seguir su viaje al norte y trámites burocráticos que se extienden durante meses.
Con el constante aumento del flujo migratorio se han multiplicado en el país los abogados e intermediarios dispuestos a aprovechar la situación y proporcionar documentos o asesoramiento a aquellos migrantes que pueden permitirse pagar y no quieren arriesgar sus vidas hacinados en un camión rumbo a Estados Unidos.
En casi dos docenas de entrevistas con The Associated Press, migrantes, funcionarios y exagentes migratorios describieron una red que opera en los límites de la legalidad, que coopera y, a veces, soborna a servidores públicos de un área con gran corrupción, y que, en ocasiones, trabaja directamente con los coyotes o traficantes de personas.
El negocio no es nuevo, pero la estrategia de México durante el último año, de administrar el imparable número de llegadas, facilitando ciertos permisos sin criterios claros, ha alimentado estas redes prestas a acelerar trámites o revertir una detención por unos cuantos cientos de dólares.
El resultado es un negocio en auge y difícil de controlar. Permisos de tránsito, visas temporales, todo está disponible por un precio. Y aunque son documentos legales eso no impide que puedan ser destruidos en algún punto de la ruta o que el migrante sea detenido o devuelto al sur de México debido a una aplicación arbitraria de la política migratoria o a la acción de funcionarios corruptos en cualquier puesto de control.
Atravesar México, un país plagado de cárteles que ganan millones con el tráfico de migrantes, siempre es un riesgo. Hacerlo legalmente puede reducir ciertos peligros.
Los migrantes suelen optar por pedir refugio en el país aunque no esté en sus planes quedarse y sólo aspiren a llegar a la frontera de Estados Unidos con su situación regularizada.
El actual récord de llegadas de migrantes ya ha causado estragos en el sistema mexicano porque la inmensa mayoría de esas personas cruzaron México por tierra, muchos después de permanecer tiempo varados en el sur.
Por eso, desde hace un año el gobierno mexicano ha intentado aplacar esta tensión descongestionando Tapachula mediante la flexibilización de los criterios para otorgar ciertos permisos temporales y de tránsito a aquellos migrantes difíciles de devolver a sus países o que, por haber solicitado protección mexicana, no pueden ser retornados. Este grupo de personas no susceptible a ser devueltos fueron 290 mil este año, casi diez veces más que en 2019.
Ante este panorama, los procesos de regulación migratoria puede llevar meses y cualquier oferta para agilizar esos trámites es tentadora. En el sur las opciones proliferan promocionadas en redes sociales y ajustadas a todas las urgencias y presupuestos. Más al norte, son más escasas y pagar a operadores específicos que monopolizan el negocio puede ser la única forma de salir de un centro de detención.
Los extranjeros raramente denuncian los abusos porque asumen que estos desembolsos, voluntarios o forzosos son parte del precio a pagar para llegar a Estados Unidos.
Las autoridades pocas veces actúan de forma contundente contra funcionarios corruptos con el argumento de falta de pruebas.
En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo con el principal compromiso de combatir la corrupción y reconoció que el Instituto Nacional de Migración (INM) era una de las instituciones más corruptas de México.
Sin embargo, en los cuatro años que lleva su gobierno sólo una de cada mil investigaciones internas abiertas por la agencia migratoria llegó a la fiscalía, según datos obtenidos a través de solicitudes de información.
El Instituto Nacional de Migración no respondió a múltiples peticiones de comentarios sobre sus esfuerzos para combatir la corrupción ni aceptó diversas solicitudes de entrevistas con sus responsables. Este mes, en un comunicado, indicó que había seguido todas las recomendaciones emitidas por la oficina de control interno como parte de su compromiso contra la corrupción.
