A partir de este miércoles, las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como el titular del Poder Ejecutivo y la Segob, tienen 30 días hábiles para presentar su contestación
Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) contra la primera parte del “Plan B” de Reforma Electoral, que incluye cambios a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas.
A partir de este miércoles, las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como el titular del Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación, tienen 30 días hábiles para presentar su contestación ante esta impugnación.
En el acuerdo de admisión se lee que “el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”.
El llamado “Plan B” empujado por el gobierno de López Obrador promueve una reducción en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) de unos 3 mil 500 millones de pesos, así como la supresión de duplicidad de funciones de áreas administrativas del INE y reduce de 300 oficinas distritales a 264.
También reconoce que los migrantes mexicanos o los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet, al igual se establecen las bases para el voto electrónico y por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral.
Los partidos políticos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBT y personas con discapacidad.
Cabe recordar que el pasado domingo diversas organizaciones civiles, partidos políticos y legisladores de oposición se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México para protestar en contra de la reforma electoral del presidente López Obrador.
Por su parte, el principal encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols, dijo apoyar la existencia de instituciones electorales independientes que tengan recursos para fortalecer los procesos democráticos, afirmó.
