Irregularidades en compras, favoritismos y beneficios a proveedores selectos son operados por una red al interior de esta dependencia.
Acoso laboral, nepotismo y actos de corrupción en la contratación de servicios, son solo
algunos de los elementos que rodean la administración en la Subdelegación regional Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que tutela Pedro Zenteno Santaella, “El Comandante Z”, cuyas omisiones y malos manejos permean esta dependencia, desde sus más bajos escalafones.
Muestra es el manejo que tiene la licenciada Itzel Moreno Palacios, subdelegada administrativa de la representación Zona Norte, quien con apenas un año en el cargo ya
enfrenta varias acusaciones ante distintas instancias, incluído el Órgano Interno de Control (OIC), que más que un ente al servicio de la Función Pública, parece estar subordinado a las órdenes de esta funcionaria.
Deficiencias en las compras y su consecuente desabasto, favoritismos y beneficios a
proveedores cercanos -y por ende, con conflicto de interés- son el resultado de actos
operados por una red de funcionarios médicos y administrativos a la cabeza de la subdelegación.
Esto, de acuerdo con denuncias que proceden de irregularidades detectadas -y denunciadas- en las clínicas Perú, Guerrero, Guadalupe, así como en las de Especialidades Médicas de Indianilla y de Especialidades dentales “Dr. Honorato Villa Acosta”.
Al respecto, los denunciantes, que hablaron bajo condición de anonimato con este medio, acusan contubernio de los titulares de la subdelegación con la Dra. Norma Elizabeth Barrios, jefa del departamento de programación y desarrollo de la Zona Norte, quién lleva muchos años en el Instituto y hasta ha sido exhibida en redes sociales por abusos en contratos que ha logrado administrar en el ISSSTE y que son competencia del área administrativa.
Según los oficios de queja, las vejaciones contra el personal comenzaron cuando varios de los administradores se negaron a firmar o sellar documentos de servicios o proveedores que se contratan en estas unidades médicas, los cuales presentaban inconsistencias.
Los administradores eran obligados a validar y firmar por mantenimientos de equipos
incompletos, nulos o material de compra directa que no se requiere en las unidades
médicas o en cantidades que no se usarán en años y pasarán a ser caducos y sometidos a procesos de baja.
“Se hicieron llegar los pdf de las facturas que la subdelegación selló, donde se podía ver un equipo médico facturado por triplicado en distinta factura y descripción del mismo pero mismo número de inventario y distinta fecha de emisión, esto de la Clínica de
Especialidades Médicas de INDIANILLA.
También se le hizo llegar el listado de equipo Médico al cual se le hizo mantenimiento en la Clínica de Especialidades Dentales ‘Dr. Honorato Villa Acosta, donde evidenciaba que había equipos que tenían más de dos años sin funcionar y aparecían con etiquetas de mantenimiento del año 2021 por la empresa Biomédica (sic)”, se lee en uno de los oficios.
Las denuncias, que se presentaron en tiempo y forma ante las instancias y por los medios correspondientes, pasaron a ser del dominio de la subdelegada Itzel Moreno Palacios y de la Dra. Barrios:
“Nos lo hacen saber en una reunión virtual y nos hace saber que nada procederá puesto que nosotros cometimos el error de firmar”, refieren los afectados.
De acuerdo con los quejosos, el acoso de la doctora Barrios se ha ejercido a través del médico Ángel Chávez Mendoza, director de la Clínica “Dr. Honorato Villa Acosta”.
Es él, afirman, quien “les hace el trabajo a los subdelegados” para que se integre tanta cantidad de material innecesario en la clínica, por lo cual ya se ha solicitado en más de una ocasión su destitución.
Implicando con esto “vejaciones, castigos y discriminación a los médicos que no quieran
firmar tanto el ingreso de placas de Rayos X, como material e insumos de curación a cuenta gotas que él resguarda en su oficina y que no entrega por medio de ningún formato oficial como la norma lo establece”.
Este funcionario ya cuenta, además, con una denuncia formalizada ante la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, sigue firme en su cargo a pesar de que los mencionados subdelegados ya acudieron a comparecer a la fiscalía. No solo eso, también tiene acusaciones ante la SFP por firmar usando cédulas apócrifas en el tratamiento de pacientes y en documentos fuera de su competencia, para favorecer a proveedores.
“No se despacha el material que realmente se necesita, pero sobra y excede aquel que
quieren ingresar al almacén que no se necesita, pero que a ellos les deja ganancias en ese contrato”, lamentan.
Dos empresas brincan en la mayoría de las denuncias: operadora comercial integral S.A. de C.V, mejor conocida como Biomédica, e INDESIMMES.A. de C.V, ésta última, con un contrato para brindar servicio de mantenimiento preventivo a los equipos médicos de las distintas unidades médicas de la Zona Norte del ISSSTE.
INDESIMME, que se había presentado en ocasiones anteriores como proveedor de
mantenimiento a equipos médicos, pasó a ser un contratista de obra menor (reparación de techos, instalación de pisos), tal y como se deja constancia en documentos y fotos; no obstante, hasta el pasado mes de enero, los propios administradores desconocían si esta firma contaba con el contrato para brindar dicho servicio.
Entre las denuncias, figura también la relación que mantiene la Dra. Norma Elizabeth
Barrios Muñoz, con quien era secretario particular de la subdelegada Itzel Moreno: el Maestro Sergio Jaramillo Salgado, quien pasó a ser encargado de Adquisiciones y luego
Jefe de departamento de obras y servicios de la subdelegación Regional zona Norte.
Ambos, acusan, fueron quienes integraron INDESIMME S.A. DE C.V. “que cuenta con los
mismos técnicos y personal para realizar los trabajos y con las mismas deficiencias en su
servicio y varios incumplimientos, realizando trabajos no solo de mantenimiento de equipo médico sino hasta obra menor. Generando con esto un mal uso de los recursos y un conflicto de intereses”, señalan.
Los afectados, aseguran que el acoso, las amenazas y hasta castigos que han sufrido es
con el fin de retirarlos de su cargo y “poner” a otros que no se nieguen a firmar trabajos mal realizados, insumos en desproporción que mandan sin sustento de la solicitud de los
mismos.
Son ellos, los subdelegados, quienes determinan los contratos, el número de estos y a quien se asignan, y reprenden a quienes se rehúsan a recibir el material médico. Mientras, al personal administrativo se les citaba en reuniones donde se les entregaban facturas triplicadas, con el mismo tipo de inventario, pero distinta descripción de fechas.
Aquellos que se negaron a firmar eran amenazados por la doctora Barrios de acudir ante el Órgano Interno de Control para que se les observe.
No es un caso que se ha mantenido en anonimato, pues las denuncias se han presentado
ante la Función Pública, el OIC, la FGR y hasta el director general, pero no han trascendido, pues pese la lluvia de oficios, los involucrados ya concretaron los contratos y ¡hasta el presupuesto!
