Después de que la CNDH dictara medidas cautelares en favor de las familias de los jóvenes agredidos por militares personal del Ejército se presentó en su domicilio.
Una semana después de que sus hijos Gustavo y Alejandro fueron atacados por militares en Nuevo Laredo –hechos en los que murió el primero–, soldados a bordo de cuatro vehículos se estacionaron frente al domicilio de Enrique Pérez y el oficial que iba al mando amenazó con detenerlo.
“Apenas iba a salir mi hijo (Alejandro) para comprar algo de comida, cuando ya estaban los militares ahí; empezaron a decir puras cosas altaneras, maldiciones y que trabajábamos para cárteles y que nuestro carro olía a mariguana”, recuerda Pérez en entrevista con Proceso.
Dice que, con tranquilidad, se identificó con el oficial como familiar de la víctima, pero que en ese momento no contaba con documentación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como beneficiario de medidas cautelares.
“Me dijo: ‘Yo soy abogado de los soldados, a mí me valen madre esas cosas, yo me los puedo llevar a la hora que quiera porque ustedes están incumpliendo una orden’. Le pregunté que a qué orden se refería, y siguió insultándome.
“Yo sólo lo escuché y cuando terminó le pregunté que si estaba seguro de lo que decía, porque las cámaras lo estaban grabando, y le señalé las cámaras de vigilancia que unos días antes había instalado como recomendación de mis asesores legales”, apunta Enrique, quien es representado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).
El padre de los jóvenes víctimas de militares resalta que de inmediato el oficial dio orden de retirada y le gritó que revisara su vehículo, “porque luego dicen que somos rateros”. El video de cámara de vigilancia marca que los hechos ocurrieron pasadas las 00:30 del 5 de marzo.
LIMPIAR EL NOMBRE DE SUS HIJOS
Horas antes Enrique Pérez, acompañado del presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, dio declaraciones a medios de comunicación, anunciando que no descansaría hasta limpiar el nombre de sus hijos, quienes trabajaban como mecánicos diésel en Laredo, Texas, pero a quienes en redes sociales y algunos medios se les vinculó con el crimen organizado.
“Si yo supiera que mis hijos andaban en malos pasos no estaría exigiendo justicia, tendría vergüenza de no haber hecho nada para pararlos”, sostiene.
El 4 de marzo denunció que vecinos cercanos al lugar donde ocurrió la masacre del 26 de febrero atestiguaron que soldados despojaron de joyas, dinero y celulares a los jóvenes asesinados, además de quitarle la llanta a la camioneta en que viajaban.
“No sé si fue coincidencia que llegaran los soldados a mi casa después de hacer esas declaraciones, si fue una acción de rutina o si en verdad querían intimidarme. Si pasan patrullas por mi casa, no quiero pensar en que me quieren intimidar, lo que quiero es ser fuerte para salir adelante y obtener justicia para mi hijo”, enfatiza Enrique Pérez.
ENTRE EL CRIMEN Y ABUSOS CRIMINALES
La familia Pérez, como las otras familias de los jóvenes acribillados, cuenta con medidas cautelares emitidas por la CNDH, las cuales fueron tramitadas el 4 de marzo, seis días después de la matanza, ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y notificadas al personal castrense de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo el 7 de marzo, urgiendo a que las unidades militares “se abstengan realizar actos de molestia e intimidatorios, así como evitar apersonarse a los domicilios de las víctimas con datos reservados”.
Fue hasta el viernes 3 que un grupo de cuatro abogados de la CNDH encabezados por el director de la Segunda Visitaduría, Jair Pasaran, acudió a Nuevo Laredo a recoger el testimonio de los dos jóvenes sobrevivientes y sus familias, así como de los familiares de algunos de los fallecidos.
En el caso de Alejandro, los funcionarios de la CNDH se fueron con las manos vacías. “Habíamos pedido que mandaran psicólogos y médicos para que pudiera declarar mi hijo –dice el entrevistado–, porque todavía se altera cuando le pedimos que recuerde lo que pasó, por eso no permitimos que él hablara si no había ese personal que lo atendiera.
“Mi esposa y yo hablamos con los señores de la CNDH, les dijimos lo que mi hijo nos contó y lo que vio la señora que vive en la casa frente a la que ocurrieron los hechos: que mi hijo Gustavo estaba vivo, que gritaba por ayuda para su hermano y que de repente se escuchó un disparo y ya no se oyó su voz; que a Alejandro lo patearon en el piso y se quedó con su hermano, vio cómo se desangraba”, agrega.
Entre las peticiones que los padres de Alejandro hicieron a la CNDH resalta la atención médica y psicológica para el sobreviviente, medidas de protección ante posibles amenazas por su calidad de testigo de la masacre, investigación efectiva y sanción para todos los efectivos militares que atacaron a los jóvenes y atención médica y psicológica para la familia.
Enrique Pérez dice que, cuando los visitadores del organismo fueron a su casa, intentaron convencerlo de prescindir del acompañamiento del CDHNL, que con la asesoría de la CNDH bastaba. Mantendrían comunicación por vía telefónica y correo electrónico.
“Yo les dije que tenía conocimiento de estas cosas y que sabía que tenía derecho a tener un asesor, que ellos se iban a ir a la Ciudad de México, pero que yo los necesitaba en Nuevo Laredo, que no dejaría la asesoría de Raymundo porque él y su equipo nos informan qué se necesita para la carpeta y nos da avances”, relata.
Algo similar ocurrió el 2 de marzo, fecha en que familiares de las víctimas fueron citados por un oficial de apellido Carballo, adscrito a la Unidad de Atención a Víctimas de la Sedena (Univic), quien pretendió excluir de la reunión a los abogados del CDHNL. Esto fue rechazado por los padres de los muchachos; dejaron claro que los habían nombrado sus representantes legales.
“El señor Carballo nos dijo que iba a nombre del Ejército a darnos una disculpa por lo que había pasado, a ofrecernos un apoyo, una reparación de daño, y arreglar las cosas de una forma pacífica. No sé si ese señor quería comprarnos”, señala Enrique.
