MAPA: Exhiben red de abuso sexual en preescolar y primarias de México

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La Ciudad de México es la entidad con el mayor registro de casos de este delito

Los casos de abuso sexual infantil en escuelas preescolares y primarias cada vez hacen más eco, gracias a padres de familia que han tomado las calles para denunciar estos delitos y proteger a sus hijos.

La Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI) reveló en el informe “Es un Secreto: La Explotación Sexual Infantil en Escuelas” que durante 2021 se tuvo conocimiento de niños y niñas que fueron abusados en al menos 18 planteles educativos, en 7 entidades del país.

Sin embargo, al corte de abril de 2023 se registraron 25 casos y el número de entidades donde ocurrieron pasó a 10, mismo que ha intensificado las acciones de denuncia de las familiares de las víctimas para ser escuchados y que se haga justicia.

Casos de abuso sexual en preescolar y primarias de México

En estos casos la ODI ha identificado determinados patrones que les permite afirmar que se trata de abuso sexual organizado dentro de las escuelas contra niños de entre 3 hasta 6 años.

Explicaron que las principales características que se toman en cuenta para considerar que se trata de abuso sexual organizado son:

De estos casos en específico identificaron que entre enero de 2022 y abril de 2023 ocurrieron cuatro, dos en la Ciudad de México, uno en el Estado de México y otro más en Guanajuato.

De las entidades donde se cuenta con registro de abuso sexual organizado, la Ciudad de México acumula el mayor número con siete casos, seguida de Jalisco con cuatro, Estado de México tres, Oaxaca y Morelos con dos cada uno, mientras que en Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Coahuila y Baja California se tiene conocimiento de al menos un caso en cada uno.

Encubrimiento e investigaciones deficientes

La ODI advirtió que el acceso a información que generalmente está incompleta o fragmentada hace más difícil visibilizar la dimensión en la que estas redes de abuso operan en escuelas de México.

Explican que las carpetas de investigación se enfocan en el delito de abuso sexual, de modo que dejan fuera otro tipo de delitos como la explotación sexual y la explotación sexual digital, entre otras.

De este modo los casos se individualizan y no se ven ni se investigan como un delito organizado y complejo como el caso del Colegio Carmel, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, donde existen 15 denuncias de abusos sexuales.

“Esta fragmentación del caso no permite ver e investigar un delito organizado y complejo, sino 15 abusos sexuales diversos e individuales. De esta manera la información se registra y analiza, invisibilizando el fenómeno”, apuntaron en el informe.

También acusan un encubrimiento de los delitos y los responsables por parte de las autoridades, especialmente las educativas, al ocultar la información sobre las dinámicas de violencia de las que fueron víctimas los infantes y así evitar que las denuncias trasciendan.

“Las autoridades escolares intentan desincentivar la denuncia, por lo que proceden a hablar con familiares con la finalidad de convencerles (o amenazarles) para manejar el caso de manera interna, sin que trascienda a otras autoridades”, precisaron.

Añadieron que la falta de información deja desprotegidos a las niñas y niños dentro de las escuelas, además de que se obstaculiza el acceso a la justicia y por tanto no hay una sanción para los agresores ni una reparación del daño integran para las víctimas.

Si no hay castigo se facilita la reproducción del delito porque los abusadores y sus cómplices se saben impunes ante la falta de mecanismos de prevención y protección para los menores.

Contra la explotación sexual en escuelas

Padres de familia de niños y niñas que fueron víctimas iniciaron una campaña para informar a otros padres y madres sobre la explotación sexual infantil en escuelas.

A través de la página “Protégeles” brindan información, así como herramientas que ayuden a otros papás a prevenir, detectar, actuar y exigir a las autoridades escolares cuando un menor es víctima de abuso.

De este modo lo que se pretende es que no se niegue el acceso a la justicia y principalmente que los infantes no sean revictimizados por las autoridades escolares y de investigación penal

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