Con 417 votos a favor y 36 en contra, el dictamen fue enviado a los congresos estatales para su ratificación.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución con el objetivo de reforzar la soberanía nacional y endurecer las penas contra el tráfico ilícito de armas y el terrorismo.
Con 417 votos a favor y 36 en contra, el dictamen fue enviado a los congresos estatales para su ratificación.
Durante la discusión en el pleno, se presentaron diversas reservas, pero ninguna fue aceptada. El debate estuvo marcado por intercambios de acusaciones entre legisladores de Morena y la oposición, lo que elevó la tensión en el recinto legislativo.
Prisión preventiva y rechazo a injerencias extranjeras
La reforma establece que cualquier persona, mexicana o extranjera, involucrada en la fabricación, distribución, traslado o tráfico de armas en territorio nacional enfrentará la pena más severa y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Además, se refuerza el principio de no intervención, señalando que México no aceptará injerencias extranjeras, incluyendo golpes de Estado, intervención en elecciones o violaciones a su territorio por tierra, mar, aire o espacio aéreo.
“La soberanía es un principio vigente y fundamental. México ha sido históricamente un defensor del derecho internacional, pero también debe garantizar la seguridad nacional frente a amenazas externas”, señala el documento aprobado.
Debate en el pleno y próximas etapas
El debate en el pleno estuvo marcado por enfrentamientos verbales entre legisladores. Arturo Ávila, vicecoordinador de Morena, calificó al panista Federico Döring como “líder del cártel inmobiliario” y acusó a su bancada de ser una “camarilla de traidores a la nación”, lo que generó una respuesta inmediata del PAN, cuyos miembros acusaron a Ávila de tener vínculos con el crimen organizado.
Pese a la confrontación, el dictamen fue aprobado en lo particular con 327 votos a favor y 116 en contra. Ahora, los congresos estatales deberán analizar la reforma para completar el proceso legislativo.
El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tendrán un plazo máximo de 180 días para adecuar las normativas secundarias derivadas de la reforma.
