La decisión del presidente Donald Trump de desplegar miles de militares en Los Ángeles sin la aprobación del gobernador de California ha provocado un enfrentamiento político y legal entre el gobierno federal y las autoridades estatales.
El incremento del operativo militar ocurre en el marco de protestas por redadas migratorias y ha sido calificado por el gobernador Gavin Newsom como una medida “imprudente” y “una falta de respeto” hacia las tropas.
La movilización federal incluye más de 5 mil elementos entre guardias nacionales y marines, pese a que la Constitución otorga a los estados el control sobre sus respectivas Guardias Nacionales, salvo autorización expresa o en casos de insurrección. Esta intervención representa la primera vez en seis décadas que el Ejecutivo impone el uso de tropas estatales sin el consentimiento del gobernador correspondiente.
“Esto no se trata de seguridad pública. Es para halagar el ego del presidente”, escribió Newsom en su cuenta de X.
Fiscalía de California denuncia a Trump y al Pentágono
El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra el gobierno federal argumentando que la decisión de Trump viola la Décima Enmienda y constituye un abuso de poder. La querella también señala al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, por autorizar el despliegue sin coordinación estatal.
“Trump está tratando de provocar el caos enviando 4,000 soldados a suelo estadounidense”, denunció Newsom.
De acuerdo con el Departamento de Defensa, aproximadamente 700 marines se han sumado a la operación para proteger edificios federales, incluido el centro de detención de inmigrantes en el centro de Los Ángeles, mientras las oficinas del USCIS y las cortes de inmigración han suspendido actividades debido a las protestas.
Aunque las autoridades federales argumentan que el despliegue busca evitar disturbios y proteger propiedades, solo 300 soldados están actualmente activos, mientras que el resto permanece sin funciones en instalaciones federales, según denunció el propio gobernador.
