Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo y prófugo de la justicia, continuará como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) por tiempo indefinido. Un juez federal le otorgó este 9 de enero de 2026 una suspensión definitiva que frena la revocación del beneficio y mantiene vigente su protección legal, mientras se resuelve el juicio de amparo principal.
Raúl Rocha Cantú es un empresario regiomontano de 55 años, originario de Monterrey, Nuevo León, y accionista mayoritario de la Organización Miss Universo a través de su empresa Legacy Holding Group USA Inc. En octubre de 2023 adquirió el 50% de las acciones de la franquicia, asociándose con la empresaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip (conocida como Anne Jakrajutatip), quien controla el otro 50% vía JKN Global Group. Esta adquisición se concretó tras la compra inicial de JKN a IMG Worldwide en 2022 por 20 millones de dólares, y Rocha invirtió una cantidad similar (alrededor de 16 millones de dólares) para obtener su participación. Desde entonces, funge como presidente de la organización y ha impulsado cambios como mayor inclusión (mujeres trans, casadas o madres), aunque ha sido criticado por supuesta manipulación comercial.
La gestión de Rocha en Miss Universo ha estado marcada por múltiples controversias. En 2023-2024, su llegada provocó la salida abrupta de Lupita Jones como directora de Miss Universo México, quien lo acusó de contratar una agencia para dañar su reputación. En 2025, el certamen enfrentó acusaciones de amaño tras la victoria de la mexicana Fátima Bosch, con renuncias de jueces y denuncias de presiones para favorecerla, vinculadas a contratos previos de Rocha con Pemex (donde el padre de Bosch trabajaba).
Además, se filtró un video de 2023 donde Rocha y Jakrajutatip admitían que la inclusión era un “nuevo modelo de negocio”, pero con límites para evitar que ciertas candidatas ganaran. En diciembre de 2025, Rocha anunció el traslado de la sede administrativa de México a Nueva York, alegando incertidumbre jurídica y ataques políticos en su contra.
En el ámbito penal, Rocha Cantú es investigado por la FGR desde noviembre de 2024 por delincuencia organizada, con fines de tráfico de armas de fuego, hidrocarburos (huachicol) y posiblemente narcóticos, en una red con origen en Guatemala (donde fue cónsul honorario hasta su revocación). La Fiscalía lo señala como presunto líder o financista de la banda, que usaba gasolineras para comercializar combustible ilícito y tenía vínculos con cárteles como el Jalisco Nueva Generación y La Unión Tepito. Admitió ante la FGR haber participado en dos operaciones de huachicol en 2024, invirtiendo 4.2 millones de pesos y obteniendo ganancias de 1.2 millones, aunque negó tráfico de armas directo.
El 15 de noviembre de 2025 se giró la primera orden de aprehensión contra él y otros 12 implicados, pero fue cancelada días después (19 de noviembre) al otorgarle el criterio de oportunidad como testigo colaborador bajo la gestión del exfiscal Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, con la llegada de Ernestina Godoy a la FGR, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) revocó el beneficio el 12-18 de diciembre de 2025, tras incumplimientos graves: no presentó comparecencias los días 8 y 12 de diciembre (solicitó videoconferencia alegando riesgo a su seguridad, petición negada), proporcionó domicilios falsos (confirmados como irregulares en al menos seis ocasiones) y no aportó nueva información relevante. Pemex solicitó formalmente la revocación el 10 de diciembre por no cumplir requisitos legales. Esto derivó en una nueva orden de aprehensión el 15 de diciembre de 2025, declarándolo prófugo.
Rocha promovió un amparo, y el 26 de diciembre de 2025 obtuvo suspensión provisional. Este 9 de enero de 2026, el juez Mario Jorge Melo Cardoso, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, concedió la suspensión definitiva para que “las cosas permanezcan en el estado actual” y no se ejecute la revocación hasta resolver el amparo principal. Así, Rocha mantiene indefinidamente su estatus de testigo colaborador, pese a seguir prófugo y sin poder ser detenido por la orden vigente.
