Uno de los principales cambios establece que los delitos hídricos “se perseguirán de oficio a través del Ministerio Público y quedarán registrados en el Código Penal Federal, así como en la Ley General de Bienes Nacionales”.
Diputados de Morena y aliados realizaron cerca de 50 cambios a la iniciativa presidencial para reformar la Ley de Aguas Nacionales, principalmente en las sanciones penales y multas por delitos relacionados con corrupción, acaparamiento y desperdicio del líquido, menciona la iniciativa obtenida por Latinus.
Luego de una serie de reuniones que encabezó esta semana el coordinador de Morena, Ricardo Monreal con dirigentes agrícolas, se redactó una iniciativa con 537 páginas que busca atender la mayoría de las demandas que motivaron bloqueos en más de 20 estados del país, principalmente en la reducción de años de prisión y multas económicas.
El énfasis de los cambios está en el artículo 123, como es el caso del Bis 2 cuya redacción presidencial establece que “se consideran delitos hídricos y se perseguirán de oficio los contenidos en el presente capítulo, así como los establecidos en los artículos 414, 415, 416 y 420 del Código Penal Federal, 149 y 150 de la Ley General de Bienes Nacionales”.
El proyecto fue circulado alrededor de las 11 de la noche de ayer, 29 de noviembre de 2025 por la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Elizabeth Cervantes, con la intención de cumplir el plazo legislativo de cinco días para votarlo en el pleno el próximo miércoles.
La nueva redacción indica que “Se perseguirán de oficio por el Ministerio Público de la Federación los delitos previstos en el presente capítulo” y se elimina el transitorio de retroactividad de la ley.
En la justificación del cambio, se explica que el mantenimiento de la persecución “de oficio por el Ministerio Público de la Federación, es fundamental para la racionalidad jurídico-formal, ya que define claramente la competencia y el procedimiento de las autoridades judiciales”.
El artículo 123 Bis 3 de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum apunta que “se impondrá pena de dos a diez años de prisión y de 400 a 4 mil días multa a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin contar con la autorización o permiso expedidos por la autoridad competente”.
Viernes de intenso trabajo. Seguimos en la Cámara de @Mx_Diputados trabajando en las modificaciones a las iniciativas referentes a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley General de Aguas. pic.twitter.com/HcQ1WIdHYm
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 29, 2025
