Una empresa tecnológica vinculada a Ricardo Salinas Pliego, integrante del consejo asesor empresarial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de la república, demandó al Gobierno mexicano.
Según The Wall Street Journal, el consorcio, que pertenece en parte al también multimillonario mexicano, ingresó una queja en contra de López Obrador por 2.4 mil millones de pesos en cuanto se canceló un contrato en la Ciudad de México.
El acuerdo en cuestión se ganó en una subasta que tenía como propósito el trabajo de una aplicación de teléfonos inteligentes con miras a que los más de 140 mil taxis desempeñen una mejor labor.
Robbie Whelan, periodista, señaló que esta es una responsabilidad legal potencial de grandes proporciones por la nación; también recordó que si la empresa ubicada en Delaware, Espiritu Santo Technologies LLC, se llevara la victoria, es muy probable que Salinas Pliego salga perdiendo.
Luciano Pascoe, portavoz de Grupo Salinas, determinó que el multimillonario no tiene nexos con ninguna empresa que esté asociada al proyecto de taxis, y agregó que hay personas que buscan involucrarlo en asuntos en los que él no tiene participación.
Whelan consideró que el contrato de 2017 solicitaba implementar el uso de tabletas con taxímetros digitales, botones de pánico y módulos de pago; subrayó que el principal motivo es promover una mejor competencia con las apps de transporte, y ejemplificó con Uber, DiDi y Cabify.
El mandatario tabasqueño hizo de conocimiento público que no retiraría a Ricardo Salinas Pliego de su puesto en el gobierno, a pesar de los señalamientos de The Wall Street Journal en referencia a los supuestos vínculos del multimillonario con la venta irregular de de la planta Fertinal a Petróleos Mexicanos (Pemex); el asunto ya había sido expuesto por la revista proceso.
Finalmente, Sin Embargo hizo énfasis en que ambos medios mencionados coincidieron en que el multimillonario se vio beneficiado de los presuntos fraudes implicados en una operación en la que se acusó la participación de Emilio Lozoya, exdirectivo de la empresa petrolera, y de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México S. A. (Ahmsa), quien está en calidad de preso en España.
