. Organizaciones feministas peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio comparado en Guerrero, decretada en junio pasado, denunciaron la intención de la Comisión de Justicia del Congreso estatal “de presentar una iniciativa del aborto por violación, regresiva y que violentaría la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes”.
Los observatorios Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO), así como Justicia, Derechos Humanos y Género y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) señalaron que si bien el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavi) recomendó estudiar, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo (ILE) por causal excluyente de violación, que garantice el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo de manera segura, la reformas que se propondrían por legisladores del estado son regresivas.
Puntualizaron que condiciona la ILE a la denuncia penal, requiriendo que una mujer, niña o adolescente víctima de violencia sexual cuente con el aval del Ministerio Público antes de que la interrupción le sea practicada. “Cabe mencionar que la mayoría de las mujeres no presentan la denuncia por temas de estigma, o desconfianza en las autoridades”, añadieron las organizaciones.
De igual manera, condicionaría a que las niñas y adolescentes “vayan acompañadas por sus padres, extendiendo la edad no solo para las menores sino a las jóvenes de hasta los 18 años, para que acudan ante las autoridades acompañadas de sus padres, sin tomar en cuenta que la en mayoría de las violaciones sexuales cometidas contra menores de edad, los agresores son sus propios familiares”.
También, “sancionaría y criminalizaría al personal de salud que sea progresista y garantista de los derechos reproductivos de las mujeres; estableciendo que deberán dar vista al DIF y a la Secretaría de la Mujer cuando se presente un caso”. Asimismo, condicionaría la causal de interrupción por violación a las 12 semanas, “cuando los estándares internacionales establecen que en el caso de violación no puede restringirse el tiempo, debido a varias razones, entre ellas que es difícil” que las víctimas acudan a solicitar la ILE por temor.
En un comunicado, las organizaciones señalaron que la iniciativa que busca impulsar la Comisión de Justicia del Congreso del estado, pone “mayores candados legales que pudieran derivar en embarazos forzados, afectando de manera particular a las mujeres, niñas y adolescentes indígenas del estado”.
Ante este panorama, llamaron a legislar de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y se convoquen a un Parlamento abierto en el que se escuchen las voces de las víctimas, de las organizaciones peticionarias, de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil.
Recordaron que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a julio del 2020 se registraron en la entidad 350 casos de violación, 452 casos de abuso sexual y 13 denuncias por aborto.
