La justicia boliviana decidió enviar a la expresidenta interina, Jeanine Áñez, y a sus exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, a prisión preventiva durante cuatro meses por el caso conocido como “golpe de Estado”.
La Fiscalía realizó la solicitud de detención preventiva por el “riesgo de fuga” de los tres, acusados de “sedición, terrorismo y conspiración” en la crisis de 2019 a raíz de las fallidas elecciones que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia.
Áñez, abogada, política y expresentadora de televisión, permanece detenida desde el sábado tras ser arrestada en una casa, mientras se escondía debajo de una de cama, en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, a 600 kilómetros al Noreste de La Paz.
El documento de la Fiscalía precisa que estas detenciones se enmarcan en una supuesta conspiración para llevar a cabo un presunto golpe de Estado desde el 21 de octubre de 2019, tres días después de las elecciones presidenciales calificadas de “fraudulentas” en favor del expresidente izquierdista Evo Morales, quien tras 14 años en el poder buscaba un cuarto mandato.
De la misma manera, la oposición boliviana manifestó que se trata de una “persecución política” y repudiaron el actuar en contra de la expresidenta, mientras que el oficialismo indica que se está haciendo “justicia” por los muertos, heridos y detenidos en la crisis de 2019.
Áñez pidió a través de una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea que envíen a Bolivia una misión de observación para que “evalúe de manera objetiva su aprehensión”.
