La ley, aprobada por el Congreso el jueves, eleva a entre 8 y 12 años las penas de cárcel contra los traficantes de personas o “coyotes”
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que vetará una ley especial contra el tráfico de personas que eleva penas de cárcel para “coyotes”, por considerar que criminaliza la migración, en momentos de un repunte de los flujos hacia Estados Unidos.
El mandatario dijo que los diputados de su partido, Nuevas Ideas, y sus aliados, que tendrán mayoría absoluta en mayo cuando inicie una nueva legislatura, propondrán otra ley sobre migración, pero que no la convierta en un delito, aunque no dio detalles.
“Alguien que secuestra y trafica a su víctima es MUY DIFERENTE de alguien que ayuda a un grupo de gente desesperada a cruzar una frontera”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter. “Esta ley será VETADA”, subrayó.
La ley, aprobada por el Congreso el jueves, eleva a entre 8 y 12 años las penas de cárcel contra los traficantes de personas o “coyotes” -desde los entre 6 y 10 años previos-, que se aprovechan de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza, la violencia y fenómenos climáticos en sus lugares de origen.
La legislación también busca castigar por primera vez con entre 4 y 8 años de prisión la promoción de caravanas de migrantes, muchas desde Centroamérica, alegando que ponen en riesgo a un gran número de personas y violan controles migratorios de varias naciones.
La ley había sido propuesta por la fiscalía desde 2019, pero su discusión quedó parada en medio de la pandemia del coronavirus.
El jueves, un funcionario de alto rango de la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que el Gobierno de ese país planea ir en los próximos 90 días detrás de las organizaciones de traficantes de personas, a quienes Washington acusa de manipular a los migrantes para que se dirijan a la frontera entre México y Estados Unidos.
La nueva ley salvadoreña también busca realizar investigaciones coordinadas entre los países involucrados para desarticular organizaciones transnacionales y la identificación de todos los bienes de origen y destino ilícito que genera la actividad.
