El DIF de Nuevo León clasificó como reservada toda la información sobre el permiso de convivencia familiar que le fue concedido al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a su esposa Mariana Rodríguez para sacar del albergue Capullos a un menor de edad durante el fin de semana del 14, 15 y 16 de enero.
En respuesta a una solicitud realizada por Latinus para conocer todos los documentos que forman parte de este permiso, el DIF de Nuevo León dijo que la información requerida no puede entregarla porque violaría datos personales del menor.
“El documento a que se hace mención en el planteamiento formulado contiene datos personales sensibles de un menor de edad”, señaló la dependencia, sin ofrecer una versión pública de los documentos, como le obliga la Ley de Transparencia.
El DIF de Nuevo León, que depende del gobierno de Samuel García, indicó que debe privilegiarse el interés superior del bebé y la reserva de su identidad, la cual ya fue expuesta por las fotografías y videos que Mariana Rodríguez publicó del menor en redes sociales.
En su respuesta de transparencia expuso también que debe garantizarse el respeto y la protección a de la dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual del menor de edad.
La extracción del bebé por un fin de semana ocasionó críticas por parte de organizaciones internacionales como Save The Children y nacionales como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que pidieron investigar el permiso otorgado al gobernador y a su esposa.
Asimismo, tras iniciar una investigación sobre lo sucedido, el DIF Nacional señaló que el permiso especial de convivencia familiar no se emitió con las formalidades que exige la ley.
La Fiscalía de Justicia de Nuevo León argumentó que se autorizó la salida del niño bajo la responsabilidad de Mariana Rodríguez, “por representar para él una ‘figura significativa”, ya que desde hace tres meses la esposa del gobernador visita con frecuencia al menor.
Ante esto, el DIF Nacional hizo un nuevo requerimiento de información a la Fiscalía estatal para concluir el análisis sobre el supuesto “permiso de convivencia familiar”, definir las medidas a adoptar para garantizar la protección del niño y cerciorarse de la adecuada aplicación de los medios de cuidado alternativo en el caso concreto.
