La presidenta Claudia Sheinbaum se ha jactado del buen entendimiento con Estados Unidos en el tema migratorio y el Departamento de Estado ha celebrado la recepción de vuelos de deportación al sur de México.
En un mes, México ha recibido más de 3 mil 300 extranjeros devueltos desde Estados Unidos. Según los colectivos civiles de atención a los migrantes, eran ciudadanos de al menos siete países: Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Varios de ellos llevaban documentos en los que se leía “Motivo del traslado: expulsión. Nombre de la nueva instalación (migratoria): México”.
Estos papeles son, según los expertos, totalmente inusuales y atípicos, y nada tienen que ver con la propuesta estadounidense de reactivar el programa para que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen su cita con las cortes en territorio mexicano, algo que todavía no ha pasado, según explicó el IMUMI, una de las principales organizaciones no gubernamentales mexicanas de defensa de los migrantes.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se ha jactado del buen entendimiento con Estados Unidos en el tema migratorio y el Departamento de Estado celebró “la recepción de vuelos de deportación al sur de México y la repatriación de migrantes ilegales a sus países de origen”. Pero México no ha ofrecido más detalles de esos retornos.
Más al sur, los números han sido menores pero el impacto de los traslados ha sido mayor.
Varios cientos de migrantes de una docena de países asiáticos, algunos con situaciones tan complicadas como Irán o Afganistán, y todos procedentes de Estados Unidos, llegaron la semana pasada al sur de Centroamérica.
Panamá, un país por el que en 2023 cruzaron más de 500 mil migrantes hacia el norte, recibió a casi 300 que fueron albergados en un céntrico hotel de la capital. Algunos de ellos mostraron impactantes carteles a través de las ventanas del hotel pidiendo ayuda y que no los devolvieran a sus países de origen.
Los que no quisieron regresar fueron enviados a un campamento remoto de la selva del Darién, la misma que probablemente muchos habían cruzado en la otra dirección. Cuál será su destino ahora, no está claro. Una deportada en el campamento dijo a The Associated Press que no les informaron de sus derechos ni de cuánto tiempo permanecerían allí, lo que la preocupó debido a sus malas condiciones.
Vuelos similares aterrizaron en Costa Rica. Los migrantes fueron enviados a un campamento remoto que anteriormente también había alojado a migrantes que se dirigían al norte.
Además de los traslados oficiales, cada día se están moviendo hacia el sur entre 50 y 75 migrantes que quieren volver a sus países, según datos ofrecidos a AP por el viceministro de Interior costarricense, Omer Badilla.
El funcionario planteó la posibilidad de que Panamá y Colombia se involucren en la organización de viajes en barco desde el país centroamericano al sudamericano, pero ninguno de los gobiernos ha confirmado públicamente su participación.
Panamá y Costa Rica están intentando ingeniárselas para gestionar ese flujo de retorno insistiendo en que respetan los derechos humanos de todas las personas, que cuentan con el apoyo de agencias de Naciones Unidas y que el gobierno estadounidense corre con los gastos.
En un breve mensaje a AP, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que trabaja con autoridades locales para ofrecer “servicios básicos” a los migrantes con un trato digno y que facilita retornos voluntarios “cuando es seguro realizarlos”, pero “no tiene participación directa en la detención o la restricción de movimiento de las personas”.
“En el viejo flujo (de sur a norte) la situación está bastante bajo control”, dijo el presidente panameño José Raúl Mulino. “Eso demuestra que ahora el problema viene en dirección contraria y esperamos que eso se pueda manejar de manera ordenada”.
En este contexto, organizaciones civiles han expresado preocupación tanto porque no pueda garantizarse la protección internacional de los migrantes como por el hecho de que Estados Unidos esté utilizando a terceros para deportar a nacionales de países con los que no tiene relaciones —o son tensas— con el fin de esquivar las convenciones que impiden que las personas sean devueltas a lugares en los que están en peligro.
La directora de IMUMI, Gretchen Kuhner, puso como ejemplo que recientemente un vuelo que deportaba a venezolanos desde Estados Unidos hizo escala en Cancún, pero su organización no pudo hablar directamente con los migrantes a bordo para saber si querían solicitar asilo en México.
Por el momento, el objetivo de las organizaciones de derechos civiles es rastrear los traslados, acumular datos y denunciar cualquier abuso en los tribunales siempre que sea posible, algo que ya ha empezado a hacerse en Estados Unidos, explicó Kuhner.
Isacson, el investigador de WOLA, dijo que entre los venezolanos deportados a Caracas hay casos de desertores de las Fuerzas Armadas que quedarán en manos de la institución de la que huyeron, por no hablar de los disidentes iraníes que podrían enfrentar persecución o hasta pena de muerte en caso de regresar a sus países.
Los gobiernos de la región intentan conservar sus buenas relaciones con Trump sin parecer que apoyan su maquinaria de deportaciones. Por eso, Isacson insistió en que la transparencia en todas sus acciones podría protegerlos de esas críticas.
“Ruego a los gobiernos y los Estados que están involucrados en esto que sean lo más transparentes posibles, aunque a veces la información sobre lo que les está pasando sea un poco vergonzosa para ellos”, afirmó.
