Álvaro Uribe enfrenta una histórica sentencia que incluye inhabilitación y multa económica.
La justicia colombiana dictó una sentencia de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal. El fallo, emitido por la jueza Sandra Heredia, constituye la primera condena penal contra un exmandatario en la historia del país.
La decisión judicial fue calificada como de aplicación “inmediata” para evitar una posible fuga del país.
La audiencia de lectura de sentencia, que duró más de seis horas, se desarrolló de forma virtual. Uribe, de 73 años, compareció visiblemente inconforme y expresó en varias ocasiones su desacuerdo con el proceso.
“Aquí no hubo respeto por nosotros (…) aquí hubo sesgo”, manifestó durante la sesión.
La magistrada le otorgó un plazo hasta el 13 de agosto para presentar su apelación por escrito.
La resolución judicial también inhabilita al exmandatario para ejercer cargos públicos por un periodo superior a ocho años. Además, deberá pagar una multa cercana a los 837 mil dólares, como parte de las sanciones impuestas por el tribunal.
El exmandatario, que gobernó entre 2002 y 2010, fue hallado culpable de haber intentado manipular a testigos para desviar acusaciones sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
El proceso judicial se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por supuestamente inducir testimonios en su contra. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema decidió no investigar a Cepeda y, en cambio, abrió una indagación contra Uribe.
En 2020, el expresidente renunció a su escaño en el Senado, lo que implicó el traslado del caso a la jurisdicción ordinaria tras perder el fuero constitucional.
La jueza Heredia criticó durante la audiencia la filtración anticipada del fallo a medios de comunicación, señalando como responsable a uno de los hijos del acusado. Uribe replicó: “No le acepto que se meta con mi familia”.
El partido Centro Democrático convocó movilizaciones para el 7 de agosto en respaldo al exmandatario, a quien califican como víctima de una persecución política.
En las inmediaciones del juzgado en Bogotá, se concentraron tanto simpatizantes como detractores del exjefe de Estado.
Algunos manifestaban su respaldo con gritos como “¡Justicia arrodillada!” mientras otros celebraban el fallo.
El caso ahora pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá hasta el 16 de octubre para revisar la apelación. En caso de que no se emita una resolución en ese plazo, el expediente podría ser archivado.
