Bajo la omisión o anuencia de Rosario Robles, un grupo de al menos 11 exfuncionarios participó en el desvío de recursos desde Sedesol y Sedatu
Ciudad de México— Con la anuencia u omisión de la exsecretaria
Rosario Robles y la conducción intelectual del ex oficial mayor Emilio
Zebadúa, un grupo de al menos 11 exservidores públicos participó en la
maquinación del desfalco de 4 mil 73.3 millones de pesos cometido desde
Sedesol y Sedatu.
De acuerdo con declaraciones contenidas en
distintas investigaciones administrativas y penales, no en todos los
casos los involucrados tuvieron conocimiento del desfalco que se estaba
realizando a través de universidades, entidades públicas y empresas
fantasma.
El desvío de recursos comenzó a operar desde el 15 de
febrero de 2013, cuando la Secretaría de Desarrollo Social firmó un
convenio por 21.1 millones de pesos con la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM) para que ésta instalara ventanillas de atención
para el programa de adultos mayores.
A ese convenio se sumaron 24
más, el último firmado el 15 de diciembre de 2016, con otras 12
universidades y tecnológicos, así como tres sistemas de radio y
televisión de los estados de Hidalgo, Quintana Roo y Sonora.
El
propósito de firmar convenios con las universidades y los centros
estatales de radio y televisión fue evitar los procesos de licitación e
intentar evadir la fiscalización de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
El artículo 1 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) permite la
contratación entre entes públicos siempre y cuando el contratado esté en
capacidad de proveer lo solicitado sin subcontratar más del 49 por
ciento de los trabajos a realizar.
Desde que la ASF comenzó a revisar
estos convenios advirtió que en ellos había irregularidades, porque si
bien estaban permitidos por la ley, no se ajustaban a lo establecido en
la norma y las universidades no tenían la capacidad técnica ni de
personal para cumplir con lo pactado.
Pese a ello, durante el paso de
Robles y Zebadúa por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
firmaron los convenios y asignaron contratos para proveer distintos
servicios, entre los que están la instalación de módulos, la realización
de conciertos de rock, la elaboración de estudios, la planeación de
campañas de difusión y la elaboración de spots.
En febrero de 2015,
al dar a conocer los resultados de la Cuenta Pública 2013, la ASF
evidenció el esquema que se repetiría año con año: el pago millonario a
universidades por la prestación de supuestos bienes y servicios, que en
muchos de los casos no se realizaron, y la triangulación de la mayor
parte de esos pagos a empresas fantasma.
“Se evidencian esquemas que
permitieron eludir las licitaciones públicas, presumiblemente simular
los servicios y las adquisiciones, subcontratar proveedores sin el
perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los
servicios, y que éstos, a su vez, subcontrataran a otras empresas, que
en algunos casos resultaron inexistentes o vinculadas”, indicó en la
auditoría forense DS-031.
Luego de que se daba la firma del convenio
respectivo, el modus operandi que se seguía al interior de la Sedesol y
Sedatu era que se acordaba con las universidades a qué empresas se
debían transferir los recursos, se elaboraban supuestos entregables que
justificaran los bienes prestados, se seguían los trámites para liberar
los pagos y se pretendía solventar ante la ASF las observaciones con
papeleo y pruebas hechizas.
Robles fue vinculada a proceso el 12 de
agosto pasado por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio
ilícito de servicio público, debido a que, pese a haber tenido
conocimiento del desvío de recursos que se estaba llevando a cabo, no
hizo nada para impedirlo ni informó de ello a su superior jerárquico, el
Presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la audiencia se reveló que
José Antolino Orozco Martínez, Marcos Salvador Ibarra Infante y María
del Carmen Gutiérrez Medina, ex funcionarios de Sedesol y Sedatu, en
distintas declaraciones ministeriales aseguraron que Robles estuvo al
tanto del saqueo que se estaba cometiendo.
“Si bien es cierto, se ha
narrado que Juan Manuel Portal, entonces titular de la Auditoría
Superior de la Federación informó a María del Rosario de las
irregularidades que ocurrían, en aquella época, en la Secretaría de
Desarrollo Social.
“La certeza que María del Rosario tenía
conocimiento, se obtiene de la notificación que hizo la Auditoría
Superior de la Federación, de los pliegos de observaciones; y
posteriormente, de los dictámenes técnicos donde se desprende el posible
daño a la Hacienda Pública en ambas dependencias”, añadió el Juez.
Así, con su anuencia u omisión, de acuerdo con declaraciones de algunos implicados, sus subalternos operaron el desfalco.\
