La Paz. El nuevo gobierno de Bolivia desplegó este domingo un operativo por lograr el cese de las manifestaciones que en un mes se han cobrado 23 víctimas, mientras grupos campesinos afines al ex mandatario Evo Morales le dieron un plazo de 48 horas a la presidenta provisoria Jeanine Áñez para dimitir.
Seis sindicatos cocaleros de la provincia de Chapare, en Cochabamba, exigieron la noche del sábado “la renuncia de la autoproclamada presidente de facto Jeanine Áñez Chávez en un plazo de 48 horas”.
Los cocaleros, que se mantenían este sábado estacionados en Sacaba, solicitaron al Legislativo que apruebe una ley “que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días”.
Una asamblea de vecinos de El Alto, aprobó también “un cerco a la ciudad de La Paz” desde el lunes para forzar “la renuncia inmediata” de la autoproclamada presidenta, tachando su nombramiento de ilegal.
El principal foco del conflicto se concentró en la ciudad de Cochabamba, donde el viernes pasado campesinos cocaleros chocaron con el ejército y la policía, con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el saldo de víctimas en un mes de confrontación.
Hasta ahora, el gobierno ha reconocido oficialmente cinco muertos, y el ministro de gobierno, Arturo Murillo, promovió la idea de que los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto “aparece con un tiro en la nuca”.
Pero Thomas Becker, abogado estadunidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, dijo que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde murieron los nueve cocaleros, y dijo: “Todos los muertos son con impacto de bala”.
“Todos con quien he hablado dijeron que [en las manifestaciones] no había ninguna persona civil con un arma”, dijo Becker por teléfono a la AFP, señalando que entrevistó a 50 personas en esa ciudad.
Asilado en México tras renunciar a la presidencia hace una semana luego de perder el apoyo de los militares, Morales declaró en un tuit que “estos delitos de lesa humanidad (…) no deben quedar en la impunidad”.
Mientras, Jean Arnault, enviado del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz en el país, en convulsión política desde la cuestionada reelección de Morales el 20 de octubre.
La CIDH calificó en Twitter de “grave” un decreto del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público.
“El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta”, señaló el organismo autónomo de la OEA.
El ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, comentó que el decreto “no es una licencia para matar, sólo define la tarea de las fuerzas armadas con una base constitucional en garantizar la estabilidad del país”.
A pesar de la polémica, Murillo explicó que mediante las gestiones del gobierno “los conflictos han bajado en 50 por ciento en intensidad”.
En Cochabamba todavía se suscitan “algunos enfrentamientos” pero su intensidad “está disminuyendo, dijo el comandante de la Policía nacional, coronel Rodolfo Montero.
En contraste, decenas de personas se reunieron la noche del sábado en un barrio de El Alto, ciudad vecina a La Paz, con pañuelos blancos pidiendo la paz.
Cerca del lugar vecinos seguían bloqueando el único acceso a una planta que distribuye combustible a La Paz, provocando una creciente escasez que ha comenzado a mermar el transporte vehicular en la ciudad.
Recurso de inconstitucionalidad
Diputados del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) del ex presidente Evo Morales anunciaron este domingo que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo del régimen de facto de Jeanine Áñez que exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal cuando actúen en legítima defensa.
“Queremos informar que en el marco de la normativa vamos a presentar un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional para que esto se declare inconstitucional”, explicó la diputada Sonia Brito, según recoge la agencia de noticias boliviana Fides.
“Este decreto es una licencia para matar. Es anticonstitucional”, subrayó Brito, que instó a Policía y Ejército a que no infrinjan el Estado de Derecho ni la Constitución Política del Estado y advirtió de que el decreto será rechazado por el Tribunal Constitucional.
El sábado, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, aclaró que el Decreto Supremo de ninguna manera representa una “licencia para matar”, porque su objetivo es constituirse en un elemento disuasivo para la pacificación del país. “Lo que pretende el Gobierno es sencillamente evitar la confrontación. Lo que pretende es evitar que existan más muertes y, sobre todo, que la paz social se restablezca en nuestro país”, apuntó en rueda de prensa.
Áñez aprobó el sábado el Decreto Supremo 4078 que autoriza a las Fuerzas Armadas realizar operaciones en busca del restablecimiento del orden público. La norma exime a los militares de cualquier responsabilidad penal.
