El proyecto está a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo tras la sentencia que emitió la Corte IDH.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) someterá a análisis un proyecto por el cual se propone inaplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, negar las órdenes de arraigo y en casos donde se denuncie tortura ordenar una investigación independiente.
El proyecto está a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como respuesta a la sentencia condenatoria que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso García Rodríguez y Otro vs México.
En dicha sentencia determinó que México era responsable por la violación de derechos de dos hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa por 17 años, además de que sufrieron tortura durante el proceso.
Asimismo, condenó el uso de prisión preventiva oficiosa y le ordenó adecuar su ordenamiento jurídico para hacerlo compatible con la Convención Americana.
El ministro Pardo Rebolledo propone que todos los jueces ejerzan un control de convencionalidad ex oficio de la figura de arraigo prevista en el artículo 16, párrafo octavo de la Constitución, así como en artículos previstos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde se niegue la imposición de esta medida.
También sugiere que los jueces del país que ejerzan el control de convencionalidad ex oficio de la figura de la prisión preventiva oficiosa prevista en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución deben inaplicarlo.
Lo anterior al considerar que la prisión preventiva oficiosa resulta contraria a los derechos a la libertad personal, a ser oído, a la ley de presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley.
En aquellos casos donde las personas detenidas denuncien tortura se deberá someter a una evaluación médica con un especialista que no tenga vínculos con las autoridades penitenciarias.
“Los jueces no podrán desentenderse una denuncia de tortura frente a la cual actúan como jueces de garantía de las personas sometidas al proceso”, agrega el proyecto.
