Los poderes para regular el comercio exterior corresponden exclusivamente al Congreso y no pueden ser sustituidos, señala Tribunal de NY sobre aranceles.
Un tribunal federal con sede en Nueva York invalidó este miércoles los llamados “aranceles del Día de la Liberación”, promovidos por el expresidente Donald Trump, al determinar que la imposición de dichos gravámenes excede los límites de la autoridad presidencial establecidos en la Constitución de Estados Unidos.
La decisión fue emitida por el Tribunal de Comercio Internacional, que sostuvo que los poderes para regular el comercio exterior corresponden exclusivamente al Congreso y no pueden ser sustituidos por las atribuciones de emergencia que posee el Ejecutivo federal.
El fallo se produjo tras una demanda presentada por el Liberty Justice Center, una organización legal no partidista, en representación de cinco pequeñas empresas estadounidenses que dependen de la importación de productos procedentes de países con los que Estados Unidos mantiene un déficit comercial.
Entre las compañías que interpusieron el recurso judicial se encuentran una importadora de vinos y licores con sede en Nueva York, así como un fabricante de kits educativos e instrumentos musicales ubicado en Virginia. Todas argumentaron que las tarifas obstaculizarían gravemente sus operaciones y aumentarían sus costos.
Los aranceles en cuestión formaban parte de una estrategia comercial anunciada por Trump durante su campaña para regresar a la presidencia, en la que propuso imponer impuestos a las importaciones provenientes de países con superávit comercial frente a Estados Unidos.
Victoria al estado de Derecho
El tribunal concluyó que, si bien el presidente puede actuar para proteger la economía en situaciones de emergencia nacional, esa facultad no puede extenderse al establecimiento unilateral de políticas fiscales o comerciales sin aprobación legislativa previa.
Se trata del primer fallo judicial de alto perfil que revoca una de las propuestas arancelarias de Trump, y podría sentar precedente en futuras disputas sobre el alcance del poder ejecutivo en materia económica.
El Liberty Justice Center calificó la resolución como una victoria para el Estado de derecho y el respeto a la división de poderes, al subrayar que “la Constitución no otorga al presidente una carta en blanco para modificar la política comercial por decreto”.
No se ha informado aún si los representantes legales del expresidente apelarán la resolución ante una instancia superior.
